La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detectó presuntas irregularidades en el uso del Financiamiento Público Directo asignado a Fuerza Popular durante el 2025. Según el informe técnico del organismo electoral, el partido utilizó recursos estatales en capacitaciones académicas no aprobadas, contrató a una proveedora logística sin la experiencia exigida y financió la defensa legal de sus dirigentes en investigaciones judiciales que van desde lavado de activos y organización criminal hasta falsificación de documentos. En relación con las actividades de formación académica, el partido destinó fondos al Diplomado de Especialización en Gestión Pública impartido por la Universidad San Martín de Porres (USMP) por un costo total de S/70,000, del cual se rindió un primer pago de S/35,000.