La etiqueta de “leyes procrimen” se ha convertido en una de las expresiones más repetidas del debate político en los últimos años. La denominación, en sí misma, tienen un claro sesgo político. Lo real es que un sector defiende las normas, pero hay otro que presenta iniciativas para derogarlas al considerar que debilita la lucha contra el crimen organizado. En este informe, Correo analiza junto a expertos en la materia cada una de esas leyes. Dentro del grupo de leyes evaluadas aparecen específicamente seis. Al hablar de la “Ley Soto”, los penalistas Andy Carrión y Fernando Silva coinciden en que esta es una ley que debe mantenerse, al igual que la ley que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos. Ambos coinciden también en que la ley que eliminó la facultad de la Policía para combatir la tenencia ilegal de material explosivos en actividades mineras realizadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debe ser derogada. Asimismo, los expertos calificaron de positiva la ley que modificó el proceso de extinción de dominio. Sobre la ley de plazos de colaboración eficaz, Carrión considera que la Fiscalía debe tener un mayor tiempo para investigar casos vinculados a organizaciones criminales, mientras que Silva propone una reducción en los plazos.