Por Walter Gutiérrez C., abogado constitucionalista. El nuevo ministro de Economía ha calificado a Petroperú como “el mayor de los incendios” que recibe el Gobierno. La expresión es acertada, pero insuficiente. El problema ya no consiste solamente en cuánto pierde Petroperú o cuánto dinero necesitará para continuar operando. La pregunta es constitucional: ¿puede el Estado seguir gestionando una empresa que no puede sostenerse por sí misma y trasladar indefinidamente sus pérdidas a los ciudadanos? Hace algún tiempo sostuve en estas páginas que Petroperú constituía un caso de flagrante inconstitucionalidad. Hoy existe una razón adicional para volver sobre el tema. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha reforzado una doctrina fundamental: el equilibrio presupuestal no es una simple regla contable, sino una garantía intergeneracional destinada a impedir que las decisiones de gasto de hoy comprometan los derechos y oportunidades de quienes vendrán mañana. Petroperú aparece así como una empresa doblemente inconstitucional. La primera cuestión nace del artículo 60 de la Constitución. Nuestra carta magna admite solo excepcional y subsidiariamente la actividad empresarial del Estado, por ley expresa y por razones de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Incluso bajo esas condiciones, una cosa es que el Estado pueda ser propietario de todo o parte de una empresa y otra que deba gestionarla.
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