La gestión alrededor de los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), del Decreto Legislativo 1057, será uno de los mayores retos en material laboral para el Gobierno de Keiko Fujimori, en un contexto de múltiples normas que modificaron sus condiciones, como pasarlos de una duración determinada a una permanente. Al 2025, bajo el régimen CAS se agruparon a 376,479 trabajadores a nivel de todo el Estado, según cifras de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Una revisión de Gestión identificó que, en los últimos 10 años, el incremento de este número de trabajadores fue de 45.3%. Desde el 2009, un año después de su creación, la variación fue de 140% ante el 2025. Esto ha tenido un impacto directo en la composición del empleo público. De manera pronta, el régimen CAS empezó a representar buena parte de los trabajos públicos totales. En el 2016, por ejemplo, significó el 22%, mientras que las carreras especiales (el principal grupo), 44%; y los del régimen 276, 21%, cercano al alcance del CAS.
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