Por Andrés Romaña. La izquierda promueve una interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quien lleva menos de un mes en el cargo, por sus presuntos vínculos con la minera Poderosa. Los parlamentarios de Juntos Por el Perú (JP) buscan presentar los aportes de campaña al partido de Belaunde -transparentados y declarados ante la ONPE- como una falta ética. El objetivo es sembrar la percepción de que el ministro responde a los intereses de la empresa. Sin embargo, el relato omite un detalle crucial. Poderosa se encuentra bajo el asedio de la minería ilegal desde hace años; ha sufrido desde atentados con explosivos hasta el secuestro de 13 trabajadores que, posteriormente, fueron asesinados. Una tragedia que revela el enorme poder que tienen las economías ilegales en el Perú. Resulta curioso, por no decir cínico, que el mismo partido que durante la campaña mantuvo eufóricas reuniones con mineros informales, ahora apunte sus baterías contra un ministro recién nombrado. Y ni siquiera se trata del ministro de Energía y Minas, sino del de Defensa, interpelado por sus presuntos nexos con una minera formal que ha sido blanco de ataques sistemáticos. Si recibir aportes de la representante de una empresa que tributa y declararlos ante la ONPE les parece una infracción ética, pedir transferencias masivas a través de Yape, como hizo JPP tras la segunda vuelta, debería resultarles bastante más sospechoso. Pero pedirle coherencia a la izquierda es una pérdida de tiempo. Lo cierto es que quienes prometieron el oro y el moro a los mineros informales en campaña, hoy pretenden emprender una persecución disfrazada de control político. Su verdadero blanco parece ser cualquiera que perciban cercano o afín a la minería formal que sí paga impuestos.