A solo dos semanas del inicio del gobierno de la presidenta Fujimori, la bancada de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados ha presentado una moción para interpelar al titular de Defensa, Rafael Belaunde. Se trata de una iniciativa llamativamente temprana, pues la gestión del ministro recién empieza. Cabe entonces interpretar las posibles razones del afán interpelatorio de JP. Las preguntas planteadas al ministro en el documento son 43 y abarcan diversos asuntos, pero la mayoría gira en torno a la provisión de seguridad en zonas donde impera la minería ilegal, una materia que de tiempo atrás ha estado en el centro de las preocupaciones del referido partido… y para mal. El Comercio ha informado, por ejemplo, sobre la decena de proyectos favorables a la minería informal que, como autor o coautor, Roberto Sánchez suscribió mientras era congresista, entre el 2021 y el 2026. Iniciativas que buscaban la extensión de la vigencia del Reinfo –en un caso, hasta el 2030– y la reducción de las herramientas legales para combatir las manifestaciones delictivas de ese tipo de minería. Entre ellas, cabe destacar la Ley 31989, que derogó la disposición que permitía a la policía intervenir en actividades mineras ante el uso ilegal de explosivos. No menos significativas fueron sus reuniones con los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), ya en plena campaña presidencial, y la forma en que ello se tradujo en su plan de gobierno.