Por Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute. Ante el alza de los precios del combustible que está afectando a todo el mundo, el gobierno ha decidido subsidiar la gasolina. Felizmente, a diferencia de la manera en que tales subsidios se han destinado en el pasado en el Perú, estos serán temporales y focalizados. El beneficio durará tres meses y se dirigirá solo a los transportistas de carga y pasajeros. El problema es que, si el gobierno quiere intervenir en ese mercado, no es la manera óptima de hacerlo, no evita algunos de los problemas que los subsidios han generado en el pasado y existe el riesgo de que las nuevas medidas se puedan volver cada vez más parecidas a las del pasado. Previamente, cuando el gobierno subsidiaba el combustible, lo hacía de manera generalizada y por períodos de tiempo indeterminados. Los consumidores se beneficiaban independientemente de su necesidad; tanto los ricos como los pobres recibían un subsidio. Eso podría haber sido popular, pero fue costoso y regresivo y no atendía el problema que se pretendía resolver de la mejor manera. Dado que las empresas y la gente más próspera consumen más combustible que las firmas y personas con menos recursos, los subsidios generales no funcionan bien. Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) del 2013 reportó que en el Perú “el subsidio recibido por el 20% más rico de la población fue ocho veces superior a lo recibido por el más pobre”. Otro estudio del FMI del año pasado encontró semejantes resultados a escala global: “Por cada dólar que los gobiernos destinaron a subvenciones explícitas a los combustibles fósiles, el 20% de los hogares más pobres recibió apenas ocho centavos”.