Por Carlos Casas Tragodara, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. Hace un par de años, en un foro internacional de inversión, el Perú fue mencionado dos veces: por su potencial renovable y por su inestabilidad política. Mientras tanto, países de África, Asia y de nuestra región ofrecían proyectos de energía para la transición. Tenemos los recursos y, aun así, llegamos tarde. Ese retraso suele atribuirse al riesgo político, y no sin razón. Pero hay una causa menos visible y más fácil de corregir: el Estado peruano no tiene un solo interlocutor para la transición energética. Tiene varios. Y ninguno mira el conjunto. Quien invierte en gas o petróleo negocia con Perupetro. Quien apuesta por solar, eólica o geotermia recorre distintas direcciones del Ministerio de Energía y Minas. Procesos separados, criterios distintos y ninguna instancia que evalúe cómo se afectan entre sí. Eso era tolerable cuando cada fuente ocupaba su nicho. Está dejando de serlo. Los números delimitan el terreno. En el 2024 la hidroelectricidad aportó el 51.8 % de la generación y las térmicas –básicamente gas de Camisea– el 40.1%. La fotografía ya cambió: al primer cuatrimestre las renovables no convencionales alcanzan el 16.5% del sistema, frente al 13.49% del año previo, y hay 1.1 GW en construcción que entrarán entre este 2026 y el 2027. Al mismo tiempo, el país explora. Si las campañas de gas prosperan, las reservas crecerán. Si la exploración petrolera frente a La Libertad y Lambayeque tiene éxito, habrá que decidir qué hacer con ella. Ahí la fragmentación se vuelve cara. La pregunta que viene no es cuánta renovable queremos, sino cómo se administra la tensión entre lo renovable y lo no renovable cuando ambos compiten por capital, red y territorio. Esa pregunta no tiene hoy dueño institucional. La propuesta: fusionar en una sola entidad el otorgamiento de concesiones y la supervisión de contratos, para toda fuente de energía.
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