Ayer, el diputado Marino Lavado Valdivia -principal promotor de la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa-dio luces de su estrategia para proteger a los mineros informales cuya negativa a formalizarse justificó acusando, por un lado, a la minera Poderosa de supuestas irregularidades y, por el otro, a las Fuerzas Armadas que con la Policía Nacional -y a través del Comando Unificado Pataz (CUPAZ)- vienen enfrentando a la minería ilegal y el crimen organizado afincado en esa parte de la región La Libertad. “Si bien minera Poderosa tiene licencia, tiene el permiso del Estado, en muchas ocasiones también tiene prácticas ilegales”, arguyó Lavado en entrevista con canal N, donde llegó inclusive a responsabilizar a la empresa del asesinato a 13 mineros, el año pasado en Pataz, cuando en realidad, según informó la Policía, sus autores fueron mafias vinculadas a la minería ilegal que opera en la zona. Además, cuestionó el papel que cumplen las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado en el área. “Nosotros queremos que Pataz vuelva a ser una zona pacífica donde no haya el abuso de poder que tienen las Fuerzas Armadas, que no sean los actores que también promueven la violencia”, dijo. “Hemos visto el abuso, cómo entran (las FF.AA.) a las comunidades, a veces en horas de noche. La población está aterrorizada, tanto por las bandas criminales como por la presencia del Ejército. Ya no pueden vivir en tranquilidad. Si ustedes fueran a la zona, van a encontrar que la población civil, los mineros que trabajan dignamente están al medio y en el fuego cruzado”, insistió.
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