En los pasillos de Palacio se comenta que, mientras no cambie la ley aprobada por insistencia por el Congreso en el pasado quinquenio, el comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola, permanecerá en su cargo sin que el Ejecutivo pueda mover una sola ficha. Es por eso que la gestión de Keiko Fujimori buscará que el gobierno retome el control sobre el más alto mando de la PNP. La Ley N.º 31570, promulgada por el Congreso anterior, estableció un blindaje claro; el jefe máximo de la PNP solo puede ser cesado por causales específicas y extremas, muerte, solicitud propia de pase a retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave, delito doloso con sentencia firme o delito flagrante. En otras palabras, no existe la figura de “retiro de confianza” que se aplica en otros puestos clave del Estado. Este candado ha generado un escenario de tensión en el Gobierno. El Ejecutivo, cuando quiera recomponer la cúpula policial, estará atado de manos. No puede remover al comandante general mientras la ley siga vigente. Oscar Arriola asumió funciones el 1 de octubre de 2025. En este momento no tiene ni un año en el cargo. Sin embargo, desde distintos sectores piden su cabeza. Lo señalan como el responsable de la inseguridad ciudadana, de los atentados contra los transportistas y ahora, también, de la frustrada captura del exprófugo de la justicia Vladimir Cerrón.
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