La diputada Catherin Palomino, integrante de la facción “castillista” de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados, ha conseguido adquirir notoriedad política en tiempo récord y por ninguna razón que pueda enorgullecerse. Su empeño por vincularse con Pedro Castillo quedó claro desde el día en que juró el cargo “por la libertad del mejor presidente del Perú, José Pedro Castillo Terrones”, una proclama tan grandilocuente como inútil, pues nada puede hacer el Congreso para liberar al expresidente golpista. Luego aparecieron los chats injuriosos que dirigió a familiares de Castillo y en los que, además, asegura que es pareja del encarcelado profesor. No se trata, por cierto, de una admiradora distante: Palomino lo visitó 61 veces en el penal de Barbadillo entre octubre del 2024 y febrero del 2026, algunas de ellas durante el horario en el que debía trabajar como personal de confianza de distintos despachos parlamentarios. Y, por si fuera poco, un informe de “Cuarto poder” reveló el pasado domingo que mantiene un taller textil que funciona ilegalmente en su vivienda de Huancavelica. Todo esto debería bastar para mantenerla alejada de la presidencia de cualquier comisión parlamentaria. Mucho más, de la Comisión de Justicia. Pero en el Congreso, los antecedentes que en cualquier institución sensata despertarían dudas parecen funcionar como credenciales. Palomino acaba de ser elegida por unanimidad presidenta de ese grupo de trabajo. Sí, por unanimidad. El despropósito compromete a los representantes de todas las bancadas que levantaron la mano para respaldarla, pero la responsabilidad principal corresponde a JP, pues son los partidos los que proponen a quienes presidirán las comisiones que les han sido asignadas. El cumplimiento de las cuotas previamente pactadas entre las distintas facciones de esa organización pesó más que nombrar a una persona idónea para el cargo.