Por Paola Del Carpio Ponce, coordinador de investigación de Redes. Estamos a menos de dos meses de elegir a las nuevas autoridades regionales y locales, aunque la campaña aún no se deja sentir. Gracias a los máximos históricos que ha marcado el cobre y los aún elevados precios del oro, metales que exportamos, muchas de estas autoridades deberán administrar una de las mayores bolsas de recursos provenientes del canon de los últimos años y –ojalá– convertirla en inversión pública de calidad. Esa sigue siendo una deuda pendiente de buena parte de los gobiernos subnacionales que reciben millones por este concepto. Las transferencias por canon y regalías mineras han superado los S/ 130,000 millones en veinte años y, de no usarse, se mantienen en las cuentas de cada entidad sin devolverse al fisco. Cabe entonces preguntarse si estas transferencias, por sí mismas, han servido para cambiar la realidad. Antonella Bancalari y Juan Pablo Rud aportan evidencia reciente, que permite ver el efecto del canon como transferencia para el gasto público, aislado del efecto de la actividad extractiva en sí misma. Lo hacen estudiando únicamente distritos sin actividad extractiva que reciben canon por pertenecer a la provincia o región de otro distrito extractivo: cerca de 1,550 municipalidades distritales entre el 2006 y 2018. Se trata del canon en su conjunto, aunque cerca del 60% proviene de la minería. A pesar de todas nuestras dificultades, los resultados son alentadores. De cada dólar transferido, 82 centavos se convierten efectivamente en gasto público, principalmente en inversión de capital, como la regla del canon indica. Al cabo de cinco años, cada dólar transferido ha generado 1.3 dólares de producto local: sí mueve la actividad económica.
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