A las 9:47 a.m. de ayer, el primer ministro Luis Galarreta hizo su ingreso a la sede del Legislativo, 15 minutos antes de iniciar su presentación. Detrás de él, su equipo de ministros. Ninguno llegaba con la expectativa de obtener la confianza del Parlamento, pues esta vez –bajo el restituido sistema bicameral– la Cámara de Diputados solo escucharía la exposición de los ejes de la política general del gobierno de Keiko Fujimori (2026-2031). La seguridad ciudadana fue un eje clave de su presentación. Galarreta refirió que se fortalecerá el sistema de flagrancia y se ampliará progresivamente el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos a 15 distritos judiciales priorizados por su alta incidencia delictiva. Adelantó la construcción de penales de alta seguridad para internos de mayor peligrosidad y planteó el uso de cuarteles de las Fuerzas Armadas que se encuentran en desuso para albergar a personas condenadas por delitos menores y que no representen un alto nivel de peligrosidad. Según señaló el titular de la PCM, esta medida busca atender el hacinamiento y mejorar el control de los establecimientos penitenciarios. En esa línea, indicó que los internos que hayan cometido delitos menores y no violentos podrían ser trasladados a cuarteles para realizar talleres y trabajos. “Reitero el compromiso de la presidenta Keiko Fujimori de construir penales de máxima seguridad, pero entenderán que eso toma un tiempo”, explicó. También afirmó que se solicitó la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y el apoyo operativo a los establecimientos penitenciarios, dentro del marco constitucional y sin sustituir las funciones de la autoridad civil.