El Gobierno ha adelantado que solicitará al Congreso facultades para legislar en materia económica y laboral. En lo que toca a los jóvenes, el paquete incluiría una norma específica de empleo juvenil que abarca formación para el trabajo, información sobre vacantes, mecanismos de contratación y financiamiento. Además, contemplaría créditos tributarios escalonados y temporales por la contratación de jóvenes y por los gastos de capacitación; reglas más claras para deducir la inversión de las empresas en la formación de su personal; y esquemas con componente de subsidio para la protección social juvenil y el financiamiento de estudios. Si el pedido se concreta y el Parlamento lo aprueba, el país tendría por delante una ventana normativa para atacar uno de sus problemas más persistentes. Según cifras del INEI, de los jóvenes de 14 a 24 años que trabajan, el 84.8% lo hace en condiciones de informalidad –15 puntos por encima del promedio nacional de 69.8%– y apenas un tercio tiene un empleo adecuado –es decir, con jornada completa o ingresos por encima del mínimo–. El desempleo juvenil casi duplica al desempleo nacional (9.6% frente a 5.1%): unos 272,000 jóvenes buscan trabajo sin encontrarlo y, en Lima Metropolitana, la tasa se ha acercado al 15%.
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