Por Mercedes Araoz, profesora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República. Dos intervenciones recientes, aparentemente separadas, plantean una conversación que el Perú necesita con urgencia. Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, sostuvo que, sin una buena administración pública, basada en la meritocracia, será muy difícil progresar. Por su parte, el ministro de Economía, Elmer Cuba, ha anunciado cuatro grupos de trabajo para enfrentar problemas estructurales como la informalidad laboral, el acceso al financiamiento, la inversión pública y la evasión tributaria. Ambos tienen razón. Pero falta unir las dos piezas: no será posible formalizar sostenidamente la economía si no formalizamos también al propio Estado. La informalidad no consiste únicamente en carecer de RUC, licencia municipal o contrato de trabajo. También existe cuando las reglas son confusas, se superponen distintos regímenes laborales, la remuneración no guarda relación con la responsabilidad, los ascensos no dependen del desempeño y la permanencia o salida de un funcionario está sujeta al ciclo político. Bajo esta definición, el Estado Peruano también padece una grave informalidad institucional. En la administración pública conviven trabajadores sujetos a los decretos legislativos 276 y 728, contratos CAS, servidores comprendidos en carreras especiales y quienes han ingresado al régimen de la Ley del Servicio Civil. Personas que realizan funciones similares pueden tener remuneraciones, beneficios, estabilidad e incentivos completamente diferentes. A ello se suman consultorías, fondos de apoyo gerencial y otras modalidades creadas para cubrir las deficiencias del sistema. Este laberinto no protege adecuadamente al buen servidor ni ayuda a separar al que no cumple. (Edición domingo).