En diciembre de este año se vence la última extensión concedida por el Congreso anterior al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un demostrado parapeto de la minería ilegal para operar sin estorbos de la autoridad o la justicia. Como se sabe, a pesar de los diez años que lleva activo, tal registro poco o nada ha servido para que mineros artesanales o informales se formalicen. Todo sugiere, sin embargo, que a fin de año más de un parlamentario vinculado con los intereses de ese sector buscará una sexta extensión del mentado instrumento, siempre con el pretexto de que la aprobación de la hipotética ley de la pequeña minería y de la minería artesanal (Ley MAPE), que debería reemplazarlo, está cerca, pero todavía necesita debate y pulido. ¿Quiénes serían esos legisladores? Distinguirlos en cada cámara no es difícil. Por sus declaraciones sobre la materia, para empezar. Pero también, y sobre todo, por las relaciones comerciales que guardan con personas y sociedades dedicadas a la actividad en cuestión. Identificarlos desde ahora es importante; particularmente a aquellos que están en la Comisión de Energía y Minas de diputados, que será la primera de las instancias dedicada a considerar la enésima prolongación de Reinfo. Pues bien, ese grupo de trabajo no solo está presidido por la congresista Yenifer Paredes, de las filas de Juntos por el Perú (partido liderado por Roberto Sánchez, principal valedor de la minería ilegal durante el período parlamentario anterior y a lo largo de la reciente campaña presidencial), sino que cuenta con otros tres miembros de ostensibles vínculos con el registro cuya vigencia de seguro se intentará renovar: Jesús Pérez Alccahuamán, también de Juntos por el Perú; Helard Sonco Villanueva, de Ahora Nación; y Gloria Hirache Pizarro, del Partido del Buen Gobierno.