El 16 de junio del 2025, el Gobierno de Dina Boluarte publicó la Ley 32387, que con el rimbombante nombre “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales”, creó un forado en los ingresos del Gobierno nacional –ministerios y sus agencias adscritas–, al reducir la tasa del IGV y aumentar la del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), aunque sin modificar la tasa conjunta (18%). La reducción del IGV será gradual, de 0.5% cada año en el periodo 2026-2029, de modo que bajará de 16% a 14%, mientras que el IPM pasará de 2% a 4%. A inicios de marzo, el MEF transfirió S/ 2,207 millones de su presupuesto al llamado Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), monto correspondiente a lo que manda la mencionada ley para el 2026. Los recursos han sido destinados a los 1,892 gobiernos locales del país, entre municipios provinciales y distritales, siguiendo una metodología que considera indicadores de pobreza, demografía y capacidad fiscal. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, San Isidro recibirá S/ 163,663, mientras que San Juan de Lurigancho, cerca de S/ 30.3 millones. Según la ley, los fondos solo podrán ser destinados al financiamiento de proyectos de inversión pública “que contribuyan al cierre de brechas”. Sin embargo, esa obligatoriedad no lo es tanto, porque los fondos también podrán usarse, “de manera excepcional”, para transferencias a municipalidades de centros poblados, para gasto corriente. Esa denominación es consecuencia del enrevesado ordenamiento territorial de nuestro país –que en realidad es “desordenamiento”–. Existen 3,008 municipalidades de centros poblados distribuidas en 1,695 municipalidades distritales y 196 municipalidades provinciales. La Ley 32387 estableció una moratoria de cinco años para crear municipios de ese tipo.
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