EL POPULISMO REGULATORIO Y LA INVERSIÓN EN SERVICIOS PÚBLICOS

Por Carlos E. Paredes, director de Intelfin y docente de la Universidad Continental. Vemos con alarma cómo algunos organismos reguladores abandonan el rigor técnico para adoptar posturas populistas al momento de determinar los ajustes de las tarifas de los servicios públicos. El análisis tarifario no puede reducirse a ver si los precios de los servicios suben o bajan en el corto plazo. El objetivo central debe ser que las tarifas cubran costos eficientes reales, garanticen la recuperación de la inversión y preserven la calidad de los servicios públicos. Cuando las tarifas se fijan por debajo de ese equilibrio, el alivio inmediato para el usuario suele convertirse en menor cobertura, redes deterioradas y mayor riesgo fiscal para el Estado.El año pasado lo vimos con Sunass y las tarifas del agua: una fijación arbitraria donde el Estado asfixió al propio Estado (Sedapal), afectando la viabilidad de las EPS a nivel nacional. Los dolientes somos los peruanos condenados a una precaria infraestructura sanitaria cuya brecha jamás se cerrará sin inversión privada. En el sector energético, el Osinergmin repite el mismo patrón. La reciente revisión para el periodo 20262030 del Valor Agregado de Distribución (VAD), mecanismo que remunera inversiones y costos eficientes en la distribución eléctrica, sorprendió al mercado. En efecto, la prepublicación que hizo el organismo regulador para las empresas Pluz, Luz del Sur y Electrodunas plantea una reducción promedio del VAD de 20%, rebaja que no responde a ganancias reales de eficiencia por lo que –de mantenerse– desincentivará futuras inversiones en redes eléctricas. El desincentivo surge de la brecha entre la hipotética “empresa modelo eficiente” que utiliza el regulador y las condiciones reales que enfrentan las distribuidoras. El Osinergmin reduce las tarifas al no reconocer todas las inversiones, unido a estimaciones de demanda irreales y condiciones de operación lejanas de la realidad. En esas condiciones, cada kilometro adicional de red puede generar pérdidas económicas a los inversionistas, lo que debilita los incentivos para ampliar cobertura, mejorar infraestructura o innovar. El problema no se limita al sector eléctrico. La experiencia regulatoria en gas natural sugiere un patrón de decisiones tarifarias que priorizan reducciones de corto plazo aun cuando los costos operativos aumentan.