La extorsión en el país, lamentablemente, no termina cuando se paga el cupo. En su versión más “diversificada”, el crimen organizado ahora decide quién trabaja y bajo qué condiciones. Es decir, el objetivo, además de extraer una renta, es apropiarse de las reglas que mueven la economía en un territorio. Así lo detectaron el Instituto de Criminología y el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) en su último estudio: “Extorsión en áreas comerciales urbanas. Una estrategia de intervención”, compartido en exclusiva con Gestión. En detalle, el control sobre la mano de obra, llamado racketeering laboral, se utiliza como una herramienta de dominación dentro de los sectores productivos. En este esquema, las redes criminales emplean la intimidación para imponer la contratación de trabajadores o servicios específicos. Esta “asignación” manipula las dinámicas de oferta y demanda de empleo, explica Nicolas Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología. “Hay quienes obligan a contactar con ciertas empresas para que sean los proveedores. En los rubros ya no hay solo cobro de cupos, hay una transacción mediante la cual te presiono para que me compres un servicio. Esa transacción se hace más compleja, más diversa y menos rastreable porque no se persigue dinero, se persigue otro tipo de operación, otro tipo de contrato. Una falsa empresa provee seguridad a una tienda, pero en realidad son las personas que amenazan con ser ellas las causantes del problema si no las contratan”.
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