La minería ilegal representa uno de los principales desafíos del nuevo gobierno. En línea con ello, existe consenso entre los economistas en que las medidas prioritarias frente a la minería ilegal e informal no deben concentrarse únicamente en operativos policiales. Según la encuesta de agosto “Los principales economistas opinan”, elaborada por el Instituto Peruano de Economía (IPE), ocho de cada 10 entrevistados respaldaron el fortalecimiento de la fiscalización y la trazabilidad de la cadena de suministro del oro; siete consideraron que se debería proponer una nueva ley MAPE que incluya una formalización con fiscalización y acompañamiento efectivos; y seis se mostraron en contra de ampliar nuevamente el Reinfo. Para Carlos Gallardo, gerente general del IPE, la posición de los especialistas estaría asociada con el nulo resultado que han tenido las políticas públicas hasta la fecha. Destacó que las exportaciones del metal precioso de origen ilegal superaron los US$11,500 millones en 2025, 6.5 veces más que una década atrás, y que las denuncias por minería ilegal se han duplicado en el último quinquenio.
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