El Gobierno declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional con el objetivo de acelerar la reducción de las brechas existentes, ampliar y construir nuevos espacios y reformar la planificación y gestión de las inversiones en el sector. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 013-2026-Minedu y se sustenta tanto en el déficit de infraestructura como en deficiencias estructurales de gobernanza que, según los informes técnicos que acompañan la norma, dificultan cerrar las brechas. Durante la emergencia podrán adoptarse acciones administrativas mientras se desarrolla una reforma normativa destinada a elevar la eficiencia y eficacia de los proyectos e intervenciones ejecutados bajo distintas modalidades. El Ejecutivo también busca fortalecer el mantenimiento de los locales educativos, garantizar la sostenibilidad de las inversiones y mejorar la información disponible sobre la infraestructura pública.