La lucha contra la minería informal e ilegal en nuestro país se encuentra atrapada en un bucle nocivo. Pasan presidentes, titulares del sector Energía y Minas y congresistas, pero el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) logra subsistir, a pesar de haber surgido como una medida temporal y haberse convertido hoy en un mecanismo de impunidad. Cada ampliación, desde su creación en el 2016 –hace ya casi una década–, es, en la práctica, una muestra implícita de la incapacidad del Estado para asumir y resolver el problema. Un tema complejo, sí; pero que amerita una respuesta urgente y no más dilaciones. Por eso mismo, llama la atención que el nuevo titular del sector, Guillermo Shinno, haya deslizado la posibilidad de que se otorgue una nueva prórroga del Reinfo, la que, para efectos prácticos, sería la sexta. Ha anunciado, además, que su cartera presentará una nueva propuesta de ley MAPE, adelantando su postura hacia medidas “ad hoc” para este sector y asegurando que “se le exige demasiado”, prácticamente lo mismo que a la “gran minería”. Pero, sobre todo, ha indicado que esta propuesta sería enviada al Congreso recién en noviembre; es decir, dentro de más de dos meses. Es ingenuo creer que una iniciativa de este tipo, presentada al límite del vencimiento de la última prórroga (el 31 de diciembre próximo), será consensuada, aprobada en las dos cámaras del Congreso y promulgada antes del plazo. El resultado de esta ecuación es más que obvio y solo hace recordar tiempos pasados. Pero el problema no es solo el umbral.