El defensor del Pueblo es uno de los más altos cargos de la función pública. Y la institución a la que representa es fundamental para el Estado Peruano. La Constitución es muy clara al respecto. En su artículo 192 señala: “Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”. El propio cargo de defensor demanda que quien lo ejerza tenga solvencia democrática y especial prudencia y cuidado cuando se pronuncia o emite declaraciones porque no es portavoz ni tribuna de comentarios políticos controversiales. Por eso son muy irresponsables las últimas declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. En una entrevista que dio el jueves último, Gutiérrez afirmó que, “si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir, tranquilo, 20 o 30 puntos de su popularidad”. Obviamente, luego intentó minimizar sus dichos afirmando que no alentaba la disolución del Parlamento porque es “demócrata” y cree “en los principios”. Ayer incluso desde la cuenta oficial de la defensoría se emitió un comunicado por las “erróneas interpretaciones generadas” por sus recientes declaraciones, y que en “ningún momento se promovió la disolución de la Cámara de Diputados”. Un comunicado que fue editado, ya que en una primera versión se mencionó que las declaraciones de Gutiérrez “han sido sacadas de contexto” y que hay “una corriente que busca deslegitimar las opiniones del defensor”. (Edición sábado).