Por Luis García Miró Elguera. La minería informal -pero fundamentalmente la minería ilegal- no es una actividad “desordenada”, un fenómeno social ni menos una expresión de pobreza. Es un crimen que implica robarle dinero al pueblo, evadir impuestos, destruir ecosistemas, capturar territorios y operar al margen de toda fiscalización estatal. Quien explota un yacimiento sin licencia, sin control y sin tributar no es, pues, un “emprendedor informal”, sino un delincuente que se apropia de recursos que pertenecen al Estado y, por ende, a todos los peruanos. Si todos actuaran así, el Perú sería un caos sin Estado, sin ley ni futuro. Por ello, necesitamos una legislación precisa, un fuero severo, sin ambigüedades. Un código que sancione con dureza a quienes buscan operar como mineros ilegales, burlándose del ciudadano que sí cumple las reglas, tributa y se somete a la fiscalización del Ministerio de Energía y Minas. Pero esa legislación -que debiera ser todo un pilar para la defensa nacional- ha sido saboteada sistemáticamente por la izquierda peruana, cuya cleptomanía parlamentaria continúa capturando espacios estratégicos del Congreso. El caso más grotesco es la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, ahora en manos de una joven sin idoneidad, trayectoria ni preparación, cuyo único mérito político es ser cuñada-hija del sátrapa expresidente, condenado por golpista, Pedro Castillo. (Edición sábado).