Por Raúl Benavides Ganoza, director de la Compañía de Minas Buenaventura. El Perú arrastra desde hace décadas miles de pasivos ambientales mineros: antiguas instalaciones, relaves, bocaminas y otros restos de operaciones que pueden representar un riesgo para las personas y el medio ambiente. Resolver este problema debería ser una prioridad. Sin embargo, para una empresa formal que decide hacerse cargo de un pasivo y rehabilitarlo, el camino puede convertirse en un verdadero calvario. Las normas existen desde hace más de veinte años. La primera ley sobre la materia se aprobó en el 2004 y desde entonces ha sido modificada y reglamentada varias veces. En setiembre del 2024, se aprobó una nueva ley y, recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó un proyecto para modificar su reglamento. Hay que reconocer que la nueva legislación recoge aportes positivos y abre posibilidades interesantes. El problema aparece cuando pasamos del papel a la realidad. ¿Hay que destruirlo todo? Uno de los principales problemas es la rigidez con la que se aplican las normas. En muchos casos se exige eliminar toda la infraestructura existente y devolver el terreno prácticamente a su condición original, sin preguntarse si parte de ella podría tener algún valor histórico, social o económico. Un buen ejemplo es la histórica mina Santa Bárbara, en Huancavelica. Se trata de una antigua mina de mercurio de enorme importancia durante la Colonia, vinculada al desarrollo minero de Potosí y Cerro de Pasco. ¿Tiene sentido demoler una infraestructura con semejante valor histórico cuando las propias comunidades quieren conservarla como monumento y atractivo turístico? La nueva legislación ofrece una oportunidad para cambiar esta manera de pensar. No todos los pasivos tienen que terminar necesariamente bajo una pala y una excavadora. (Edición domingo).