Por Ricardo Uceda, periodista. Un juzgado de trabajo ha recibido una demanda indemnizatoria de Petro-Perú contra uno de sus exgerentes, por beneficiar desvergonzadamente a una funcionaria que estaba por ser sancionada. El caso pasará a engrosar una lista de muchos ejemplos del manejo irresponsable, por momentos delictivo, de la empresa. El 30 de diciembre del 2025, la jefa de personal, Melissa Velásquez, fue inhabilitada por 120 días por la Contraloría General de la República (CGR). Tres días antes, sabiendo que el proceso sancionador estaba en curso, el gerente general de entonces, José Manuel Rodríguez, autorizó que Velásquez se acogiera a un programa de desvinculación voluntaria. Cuando la inhabilitaron, ya no trabajaba en Petro-Perú y tenía en su cuenta beneficios económicos improcedentes. Rodríguez conocía el proceso porque dio su conformidad al pago de la defensa legal de la investigada. La CGR le había impuesto a Velásquez una sanción mayor, que rebajó luego de que ella apelara a fines de diciembre. El funcionario que precalificó el acogimiento al retiro voluntario era coimputado con ella en el mismo expediente de la Contraloría. La consulta a la Gerencia de Cumplimiento sobre la pertinencia del beneficio se hizo dos días después de que se le hubiera concedido. Esta dependencia respondió que ya no tenía nada que opinar. Lo extraordinario del incidente no estriba en el monto del perjuicio –Rodríguez podría tener que devolver a Petro-Perú medio millón de soles–, sino en la obscenidad del comportamiento. Parecería parte de la normalidad. Ocurrió cuando ya había alertas sobre la empresa desde hacía buen tiempo. (Edición domingo).