Los bonistas de la reforma agraria acudieron al Tribunal Constitucional para pedir que ordene al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) corregir la fórmula con la que calcula la deuda que el Estado mantiene con ellos desde hace más de 50 años. Según explicó el abogado de la causa, Mario Seoane, el TC notificó en enero del 2026 una sentencia definitiva que ordenaba al MEF rectificar la fórmula de actualización y reabrir el procedimiento de registro y pago. Sin embargo, el MEF publicó tardíamente el Decreto Supremo 135-2026-EF, en que repite los mismos vicios inconstitucionales anteriores y se ha negado administrativamente are abrir el padrón de pagos. Por ello, a través de un escrito de observaciones presentado ante el TC, se ha solicitado la intermediación del tribunal para exigir al MEF que subsane los vicios de la fórmula. Entre las observaciones principales, destaca el uso “ilegal” de enero de 1969 como año base o el uso de una tasa de ahorro (`savings bonds') en lugar de la ordenada “tasa de los bonos del Tesoro Americano” a 20 o 30 años. (Edición domingo).