Específicamente en materia de seguridad, el pedido del gobierno de Keiko Fujimori para que se le deleguen facultades legislativas –ya está en manos del Congreso bicameral para su análisis– contempla un extenso paquete de medidas que incluye no solo declarar como terroristas a las organizaciones criminales, sino también reajustar el rol de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). La DINI provee al jefe del Estado y al presidente del Consejo de Ministros de inteligencia para la toma de decisiones respecto a la seguridad nacional. En el 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, fue declarada en reorganización a raíz de denuncias de espionaje a políticos de oposición e incluso del oficialismo. Tras la promulgación de la Ley 30535, en enero del 2017, se limitó el accionar del organismo únicamente al ámbito de la inteligencia estratégica, mas no al operativo. En la exposición de motivos planteada por el gobierno, se apunta que en la actualidad el Perú enfrenta “desafíos significativos”, por lo que estas “amenazas requieren una estructura de inteligencia que no solo coordine información, sino que, en momentos específicos, pueda desplegar capacidades técnicas y operativas especializadas con autonomía táctica y flexibilidad legal”.