El cuello de botella más grave para concretar los proyectos de transmisión, uno de los principales problemas del sector, más aún si se quiere realizar una transición energética ordenada, está en un escritorio del MEF. Los retrasos en la ejecución son reales, pero dependen de factores ambientales, sociales y políticos que escapan al control del Ejecutivo. La causa más grave –y la más fácil de solucionar– está en la estructura del Estado y en el diseño de las asociaciones público-privadas. El enlace que hoy tiene sofocado al norte, y que describimos en la primera parte de “Sin transmisión no hay transición”, no se atrasó por una comunidad ni por un estudio arqueológico. El COES lo planteó en el 2020, dentro de su Plan de Transmisión 2021-2030, para que entrara en operación en el 2026. Recién se licitó en el 2023, se adjudicó ese octubre a ISA y Grupo Energía Bogotá –1.054 kilómetros– y su fecha se movió después al 2029. Hoy, según el propio COES, no estará lista antes del 2030. El COES elabora ese plan con un horizonte de diez años y lo actualiza cada dos, sustentándolo ante Osinergmin, agentes del mercado, la sociedad civil y universidades antes de enviarlo al Minem. Por ley, el ministerio debe remitir cada proyecto a Pro Inversión para que licite –el trámite previo no es automático–, pero desde una norma del 2015 ningún proyecto llega a licitación sin pasar antes por un filtro del MEF: el informe de evaluación, con cerca de 17 puntos pensados para calificar cualquier proyecto nuevo, no uno ya salido de un plan sistematizado. Entre ellos, por ejemplo, exige sustentar la “bancabilidad”, un requisito superfluo: la ley ya garantiza que toda la demanda pague la remuneración, de modo que el ingreso está asegurado desde el primer día.