La versión final del pedido de facultades para legislar, que remitió el Ejecutivo al Congreso, mantiene una agenda de inversión, formalización y productividad, pero retira o acota propuestas que requerían mayor discusión. También atiende dos urgencias sobre las que Gestión ha insistido: lucha contra la inseguridad ciudadana y (en menor medida) prevención frente a eventos climáticos. Es, además, una propuesta más políticamente viable. Los cambios son relevantes. El borrador planteaba reducir el número de feriados; la versión final permite modificar su régimen, pero aún no hay claridad sobre lo operativo. En materia financiera, ya no propone derogar íntegramente la Ley 31143: identifica disposiciones específicas para eliminar los topes a las tasas de interés. La moderación es más clara en materia laboral. Desaparecieron la flexibilización de vacaciones, horas extras, utilidades, gratificaciones y CTS, y la facultad para modificar las causas objetivas de extinción de contratos. Pero no el diagnóstico: la exposición de motivos considera la protección contra el despido arbitrario una de las “rigideces más significativas” del mercado laboral. La informalidad llegó a 70.2% en el 2025 y los costos laborales no salariales equivalen a alrededor del 72% del salario formal. En tributación también hay mayor prudencia. Desaparece la propuesta de un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales crecientes y queda una facultad general para simplificar los regímenes. El diagnóstico amerita reformas: apenas 4.0% de las microempresas logró convertirse en pequeña empresa entre 2015 y 2024.
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