Lo ocurrido la madrugada del domingo en Trujillo ha consternado al país entero. Que un comando armado pueda hacerse pasar por la policía para interceptar una camioneta, asesinar a cuatro personas y secuestrar a un empresario minero (que fue liberado ayer por la tarde) revela algo más grave que la brutalidad de un nuevo crimen: revela hasta qué punto el crimen organizado en La Libertad, presuntamente ligado a Los Pulpos, clan con tres generaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato y la minería ilegal, ha perdido el temor a usurpar al propio Estado para operar. Frente a ese episodio, la respuesta del gobierno ha sido exigir que le aprueben las facultades legislativas que ha solicitado. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, insistió este domingo en la “necesidad y urgencia” de esa delegación, remitida al Congreso el 28 de agosto. Nadie discute que un marco legal más ágil –para que la inteligencia opere, para declarar terroristas a las bandas y para que las Fuerzas Armadas actúen en los penales– sea deseable. Pero condicionar toda la estrategia de seguridad a que la Cámara de Diputados apruebe ese paquete es una apuesta riesgosa. ¿Qué pasa si el Legislativo retrasa el debate o lo recorta? ¿El Ejecutivo se queda de brazos cruzados? Un gobierno no puede depender enteramente de que otro poder del Estado le resuelva el problema que le compete gestionar desde el primer día.