Keiko Fujimori presentó su primer proyecto de Ley de Presupuesto Público para el 2027 por un gasto total de S/266.506 millones, un 3,5% más que el año previo, pero la distribución real del gasto deja al descubierto las verdaderas prioridades: mientras su Gobierno asegura que la meta principal es combatir la delincuencia, el documento recorta los fondos para la seguridad ciudadana e incrementa de forma drástica la inversión militar. La función de Orden Público y Seguridad sufrirá un recorte, pasando de S/15.857 millones en 2026 a S/15.338 millones en 2027. Esta reducción presupuestal de S/519 millones (3,3% menos) impacta directamente en el programa de Reducción de delitos y faltas, cuyos recursos caen de S/6.878 millones a S/6.494 millones. El ajuste se da justo cuando la ciudadanía exige mayor vigilancia y capacidad de respuesta frente a la delincuencia.