La revelación, por parte de la Contraloría General de la República, de la existencia de más de 1.600 desperfectos en la nueva refinería de Talara, ha puesto de manifiesto los graves problemas estructurales y omisiones normativas que arrastra el megaproyecto energético cuando se cumplen casi tres años de su puesta en marcha plena (al 100%). Hablamos de una situación que arroja fuertes dudas sobre la seguridad del proyecto, su continuidad operativa y “la finalidad pública de la inversión”, alertó el ente fiscalizador en su informe publicado el pasado 16 de julio. Y es que el estado actual de la refinería no solo representa un riesgo para la seguridad de sus trabajadores sino también para los bolsillos de los peruanos porque se trata “de una instalación millonaria [más de US$6.500 millones] que ni siquiera hemos terminado de pagar”, advierte María Julia Aybar, presidenta del Comité de Hidrocarburos de la SNMPE. “No es posible que una instalación de esta categoría tenga más de 1.600 observaciones técnicas, y eso ocurre porque hasta la fecha no cuenta con los permisos [de seguridad] correspondientes, y es allí donde Osinergmin tiene un rol esencial que jugar”, apunta la líder gremial. La refinería de Talara es, en efecto, la única infraestructura energética del país que no cuenta con Estudio de Riesgos de Seguridad (ERS) vigente, protocolo vital y obligatorio que especifica cómo actuar en casos de incendios, explosiones, fuga de químicos y otros peligros [la instalación ya ha experimentado cuando menos un incendio y la explosión de un caldero]. Cabe recordar que en febrero de 2023 el Ministerio de Energía y Minas (Minem) eximió a Petro-Perú de la obligación de presentar ciertos permisos críticos, entre ellos el ERS, con el objetivo de apresurar el arranque operativo de su flamante refinería. Esto, a través de un ‘decreto supremo express’ emitido por el entonces ministro Óscar Vera.