La revelación, por parte de la Contraloría General de la República, de la existencia de más de 1.600 desperfectos en la nueva refinería de Talara, ha puesto de manifiesto los graves problemas estructurales y omisiones normativas que arrastra el megaproyecto energético cuando se cumplen casi tres años de su puesta en marcha plena (al 100%). Hablamos de una situación que arroja fuertes dudas sobre la seguridad del proyecto, su continuidad operativa y “la finalidad pública de la inversión”, alertó el ente fiscalizador en su informe publicado el pasado 16 de julio. “No es posible que una instalación de esta categoría tenga más de 1.600 observaciones técnicas, y eso ocurre porque no cuenta con los permisos [de seguridad] correspondientes, y es allí donde Osinergmin tiene un rol esencial que jugar”, apunta María Julia Aybar, presidenta del Comité de Hidrocarburos de la SNMPE. La refinería de Talara es, en efecto, la única infraestructura energética del país que no cuenta con Estudio de Riesgos de Seguridad (ERS) vigente, que especifica cómo actuar en casos de incendios, explosiones, fuga de químicos y otros peligros. En febrero del 2023, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) eximió a Petro-Perú de la obligación de presentar permisos críticos, entre ellos el ERS, para apresurar sus operaciones. Sin embargo, la empresa aún no ha elaborado un documento consistente y el Minem extendió el plazo hasta noviembre. El Comercio supo que el Osinergmin declaró improcedente el último estudio presentado por la petrolera y su respectiva apelación.