Por Nicolás Zevallos Trigoso, Instituto de Criminología. Torres voladas en Pataz, granadas en colegios, autoridades amenazadas de muerte: es comprensible buscar la palabra más fuerte del vocabulario penal para nombrar lo que el crimen organizado le hace al país. Llamarlo terrorismo tiene lógica emocional –el terror que generan es real–, pero la salida rápida no siempre es la más eficaz. El proyecto de delegación de facultades busca crear un procedimiento para declarar formalmente a organizaciones como el Tren de Aragua como terroristas, con criterios objetivos y coordinación de inteligencia entre el Mininter y el Mindef. Y se comprende que se quiera responder así al terror que estas organizaciones generan. Sin embargo, hay tres desafíos. El primero, conceptual: una organización terrorista busca imponer una ideología o disputar el poder político; una de crimen organizado, por violenta que sea, busca dinero. Dos enfermedades distintas no se curan con el mismo protocolo: la inteligencia que combatió a Sendero Luminoso se diseñó para un actor jerárquico y político, no para redes con alianzas cambiantes y un fin económico. El segundo, la evidencia comparada es mixta: los precedentes de El Salvador y Ecuador muestran menos homicidios en el corto plazo, pero no necesariamente representan una solución a largo plazo de un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales y que proyecta regionalmente sus operaciones criminales. En esos países, el problema no ha desaparecido completamente.