Por Isabel Miró Quesada, presidenta del Consejo Consultivo Editorial de América Televisión. Fue el gran tema ausente durante el primer mes. Y, paradójicamente, es la raíz del crimen organizado, que es la prioridad del gobierno. El último atentado en Trujillo relacionado con la minería ilegal es sintomático. Porque en medio de una campaña contra el sicariato, es precisamente la minería ilegal el factor ausente en el gran debate nacional. No se ha hablado abiertamente de la minería ilegal durante el primer mes del gobierno. Es un tema que no ha tenido el énfasis necesario ni en el discurso de 28 de julio ni en el debate sobre el pedido de delegación de facultades legislativas. Tanto así que hasta Roque Benavides, expresidente del a Confiep, tuvo que salir a pedir que se incluyan la ley MAPE y medidas para destrabar proyectos mineros entre las prioridades y el pedido de facultades. El silencio, a todas luces, es estratégico. Pareciera que el gobierno no ha querido mover ese avispero pensando en la aprobación de las facultades y las elecciones de octubre de este año. Después de todo, la minería ilegal financia a gran parte de la clase política nacional, incluyendo a congresistas y gobernadores regionales. El problema es que desde el otro lado también despliegan sus estrategias. Y algunos ministros pisan el palito. Una táctica fue la moción de interpelación al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, por su relación con la gran minería, lo que buscó usarse para traerse abajo la estrategia militar en Pataz. Una clara presión de un diputado liberteño de Juntos por el Perú (JP) para que se retirara a las FF.AA. de ese epicentro de la minería ilegal. Lamentablemente para el gobierno, las malas decisiones de Belaunde y sus ganas de notoriedad en la respuesta al atentado en Trujillo le terminaron dando nuevos argumentos a la izquierda antiminera. (Edición sábado).