Por Omar Mariluz Laguna, periodista. La minería ilegal asesina, extorsiona y envenena al país. El violento secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en la madrugada del domingo tienen como telón de fondo a este cáncer, que no ha parado de crecer, y la captura de ‘Jhonsson Pulpo’, el cabecilla de Los Pulpos, no detendrá su avance. “Yo vengo del futuro”, me dijo hace tres años el mexicano Fernando Eguiluz, gerente general del BBVA en el Perú, advirtiéndome que nuestro país había tomado la misma ruta de criminalidad y violencia que México, un país tomado por los cárteles. Nadie debería sorprenderse. Lo de Trujillo –falso operativo policial, fusiles de asalto, rescate millonario, cuatro ejecuciones para no dejar testigos– no cayó del cielo. Se construyó, año tras año, con la complicidad activa de nuestra clase política. El Reinfo, que debía formalizar a los mineros artesanales, terminó siendo su escudo legal. Y no por accidente: el Congreso que se fue amplió su vigencia una y otra vez –en el 2019, 2021, 2024, junio y diciembre del 2025– con votos de casi todas las bancadas, incluida la del partido que hoy gobierna. Cada extensión fue un cheque en blanco para que Los Pulpos y La Jauría consolidaran su control sobre Pataz sin miedo a la ley. De 84.318 inscripciones, casi el 80% terminó suspendido y apenas 2.200 se formalizaron de verdad. El resto operó, y sigue operando, protegido por ese papel. Los gobiernos de turno tampoco pelearon en serio. La minería ilegal no es discreta: se ve desde el aire, se mide en toneladas de mercurio vertidas en la Amazonía, se cuenta en fosas comunes. Y, sin embargo, más de una investigación periodística ha documentado cómo este negocio recluta no solo congresistas, sino policías, militares, jueces y fiscales. No es un puñado de corruptos aislados: es la captura sistemática de cada una de las instituciones llamadas a combatirla. (Edición domingo).