Esta historia empieza el 12 de agosto de 2025: en su despacho de la Municipalidad de Lima, el entonces alcalde Rafael López Aliaga firmó con premura un documento breve pero contundente. Era la resolución N°313 donde se leía: "el inminente peligro de colapso de los puentes Santa Clara II y Girasoles", este último ubicado en la zona llamada Morón. El famoso Porky firmaba respaldado por dos documentos que la propia Municipalidad elaboró: un informe de la Oficina de Logística, que ya advertía que "existe un alto riesgo estructural y peligro de colapso" y recomendaba "la adquisición inmediata y urgente de tres puentes modulares metálicos". El otro documento fue el Informe legal firmado por la Oficina General de Asuntos Jurídicos. Ellos fueron un paso más allá: "se encuentran en una grave situación de riesgo estructural que puede afectar o poner en riesgo inminente la vida o integridad de las personas que utilizan dicha infraestructura pública". En apenas 48 horas, tres documentos justificaron algo excepcional: saltarse toda licitación pública y comprarle directamente a un solo proveedor, casi 8.6 millones de dólares en puentes modulares. Lo que pocos sabían en ese momento era que ese proveedor ya tenía nombre y ya tenía su venta asegurada, casi tres meses antes de que Porky declarara como emergencia la adquisición de los puentes. (Edición domingo).