Hace dos décadas y media, cuando empezó el proceso de descentralización política del Perú, uno de los principales argumentos de sus defensores era que tener alcaldes y gobernadores que viven en la misma jurisdicción que lideran los haría más cercanos a los problemas del día a día de sus habitantes. Mucho más que un foráneo, un vecino de cualquier distrito sabe de sobra, por ejemplo, qué vías importantes están en mal estado, por dónde falta iluminación y seguridad, o qué zonas tienen el mayor potencial de desarrollo económico. Ese concepto, en principio razonable y positivo, deja de ser cierto si el regidor, alcalde o gobernador no vive realmente en la jurisdicción que encabeza. Y eso es lo que ha hallado un informe de este Diario publicado el último sábado para más de 10.000 candidatos en las elecciones regionales y municipales de octubre. El 10% de los aspirantes a un cargo de elección popular en esos comicios registra un domicilio legal fuera de la jurisdicción a la que postula. En el caso de Piura, por ejemplo, cuatro de los 20 postulantes al gobierno regional votan en otro departamento. Respecto de las organizaciones políticas con la mayor proporción de candidatos golondrinos, destacan el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) y el Partido Popular Cristiano (PPC).