Por Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto. En poco más de un mes, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha revelado las cartas que permiten leer sus prioridades con algo más que declaraciones. La Política General de Gobierno (PGG) presentada el 20 de agosto y aprobada el 4 de septiembre, la presentación del ministro de Economía, el pedido de facultades legislativas del 28 de agosto y la sustentación del proyecto de presupuesto 2027 en el Congreso de la República realizada la semana pasada. Leídos por separado, cada uno tiene su lógica. Leídos juntos, muestran un Gobierno que sabe con claridad qué quiere y con menos claridad con qué lo va a pagar. Conviene partir por lo que sí calza. El ámbito con mayor coherencia es el de la gestión presupuestaria. El premier, Luis Galarreta, anuncia un enfoque que defina primero cuánto puede gastar el Estado, las facultades piden adecuar el sistema de presupuesto a ese enfoque descendente, el proyecto de presupuesto lo incorpora en sus artículos 46 a 50 y el ministro lo sustenta con un diagnóstico común. La reforma consiste en fijar un límite de gasto multianual compatible con las reglas fiscales y una línea de base con el costo de mantener los servicios existentes, de modo que las nuevas demandas de los pliegos solo se atiendan con el espacio que quede. El sustento es contundente. Entre el 2021 y el 2025 el Congreso aprobó 248 leyes con impacto fiscal adverso, cuatro veces el promedio previo, y el costo de las medidas de personal pasará de 0.3% del PBI en el 2022 a 3.5% en el 2027. Es la reforma de mayor alcance del paquete y la que menos atención recibirá, porque acota la iniciativa de gasto de los pliegos y del propio Congreso.
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