Por Ronn. La creación de una comisión presidencial para enfrentar la informalidad laboral abre una oportunidad que el Perú no debería desperdiciar. Después de décadas de reformas parciales, regímenes especiales, mayores beneficios y esfuerzos de fiscalización, seguimos con una informalidad laboral que supera largamente el 70%. Quizá el problema no sea solo cuánto hemos reformado, sino desde dónde lo hemos hecho: hemos intentado que nuestra realidad productiva se adapte a las instituciones laborales cuando también deberíamos preguntarnos si esas instituciones guardan relación con la economía que realmente tenemos. El reciente libro del BID, Hacer que los mercados laborales funcionen, ofrece un marco útil para replantear esta discusión. Productividad y bienestar de los trabajadores no son objetivos contrapuestos. Una buena regulación debe proteger al trabajador, pero también permitir que existan suficientes empleos formales y productivos. Cuando las reglas se alejan demasiado de la productividad de empresas y trabajadores, la protección puede convertirse en exclusión. Y, cuando el capital humano no responde a lo que necesita el aparato productivo, reducir las rigideces tampoco será suficiente. Por el lado de la demanda laboral, la restricción es bastante elemental: una empresa puede contratar cuando la productividad esperada del trabajador permite financiar su remuneración y los demás costos asociados. El problema se vuelve especialmente severo en una economía como la peruana, donde predominan unidades económicas pequeñas y de baja productividad, mientras las obligaciones asociadas a la contratación formal son relativamente homogéneas.
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