El general Óscar Arriola se había convertido en una carga política para el gobierno. Ya no era solo la izquierda la que cuestionaba su permanencia al frente de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), sino también Renovación Popular, bancada clave para el Ejecutivo en el Congreso. Incluso, desde el propio Gabinete, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, había solicitado públicamente su salida. El problema de la inseguridad en el país obedece a varios factores y no se pueden individualizar las culpabilidades cuando son muchos los responsables. Pero Arriola era el rostro visible de los malos resultados y venía arrastrando su desgaste desde hace tres gobiernos. Por ello, su renuncia, producto de un largo proceso de conversaciones, era necesaria. Sería iluso creer que la decisión del alto oficial, anunciada este domingo en Palacio de Gobierno, pondrá punto final a una crisis que lleva años. Resuelve, por ahora, un problema político. Arriola no podía ser destituido por el Ejecutivo, pues estaba blindado por una ley que el Congreso anterior aprobó con el respaldo, entre otros, de Fuerza Popular.