Pataz lleva desde febrero de 2024 bajo estado de emergencia. Ese mecanismo excepcional, que suspende garantías constitucionales y despliega a las Fuerzas Armadas en el territorio, fue presentado como la respuesta del Estado a la violencia del crimen organizado en una de las provincias auríferas más importantes del país. Dos años después, las bandas seguían operando, los trabajadores mineros seguían siendo masacrados. Esta casa editorial recuerda el pedido del alcalde de la provincia, Aldo Carlos Mariños, quien lloraba en cámara pidiendo que el Estado no los abandonara. “Señores indolentes del gobierno central, atiendan a esta provincia. Le aportamos todo el oro y solo queremos que nos devuelvan en desarrollo”, suplicó. Desde 2020, bandas como Los Pulpos, Los Buitres de Pataz y La Jauría han realizado más de 628 incursiones contra instalaciones mineras formales, dejando 18 empleados asesinados y millones en oro robado. Lo más grave no es solo que el estado de emergencia no funcione. Es que el gobierno de Keiko Fujimori lo sabe y lo mantiene de todas formas. Boluarte lo decretó con la promesa de recuperar el control de Pataz, con el apoyo de Fuerza Popular y Renovación Popular en ese entonces. El resultado fue el mismo de siempre: visibilidad política sin transformación estructural. Lo primero que hizo la presidenta en materia de seguridad fue insistir en las mismas medidas que ya demostraron su ineficacia.