Por Iván Arenas. No obstante lo anunciado por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, la lucha contra la criminalidad en la minería ilegal no se traslada ni se enfoca solo a la captura o desactivación de las bandas criminales, como Los Pulpos o La Jauría y las más de 20 organizaciones que existen en Trujillo. Además de una estrategia anticriminal, así como un nuevo enfoque sobre el control del territorio (pasar de estados de emergencia en distritos a estados de emergencia en corredores ilegales, el corredor del Marañón, por ejemplo) la lucha contra la ilegalidad en minería se debe enfocar también en el financiamiento de la producción ilegal y del lavado de activos y dinero que se hace en el Perú como en Estados Unidos, en Miami para ser más exactos; práctica que debe ser -de todas maneras- conocida por las agencias federales y el Departamento de Estado. Meses atrás, un informe de la Financial Accountability and Corporate Transparency(FACT) reveló lo que sucede: el oro ilegal de la Amazonía en general se inserta en el sistema financiero de los Estados Unidos. Es decir, hay un lavado de activos y dinero generalizado y organizado desde el Perú como de Ecuador, Bolivia o Colombia. En el Perú está documentado el caso del rey Midas “Peter Ferrari” (muerto supuestamente durante la pandemia), quien junto a su banda -de acuerdo a la justicia americana- lavaron activos y dinero en el estado de La Florida por más de US$3,600 millones. El caso se llamó “The Three Amigos”. ¿Cuántos “Peter Ferrari” habrá, incluso con doble nacionalidad, que han organizado sistemas similares? Por tanto, considerar que la lucha contra la criminalidad e ilegalidad en minería se remite solo a la captura de las temibles bandas es una estrategia, pero no toda la estrategia. Mr. Rubio y los Estados Unidos, si quieren colaborar de manera seria y honesta contra la criminalidad en la minería en el Perú como en Sudamérica, deberían incluir a este fenómeno dentro de las principales tareas del Escudo de las Américas.