Legislar corresponde al Parlamento, y nadie discute esa prerrogativa. Pero cuando el Ejecutivo solicita facultades delegadas para legislar al iniciar un período de gobierno, no pide un cheque en blanco: pide los instrumentos mínimos para ejecutar su plan de acción en plenitud. La respuesta que viene dando la Cámara de Diputados, sin embargo, se parece peligrosamente a la obstrucción que la propia oposición denunció con vehemencia durante años por Fuerza Popular. Hasta el momento, seis comisiones de la Cámara Baja han dictaminado en contra del pedido: Energía y Minas, Justicia, Infraestructura, Vivienda y Transporte, Producción, Trabajo y Ciencia. No se trata de matices ni de observaciones parciales; es una negativa frontal que, sumada a la anunciada oposición de bancadas enteras, anticipa un desenlace previsible. El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, ya lo ha dicho sin rodeos: su bancada se opone a todo el pedido de facultades. Resulta difícil atribuir esta postura a una genuina discrepancia técnica con el contenido de cada materia. La simultaneidad de los dictámenes negativos y el anuncio anticipado de un rechazo total sugieren más bien una decisión política tomada de antemano, ajena al análisis riguroso que se esperaría de un Congreso que se precia de su vocación legislativa.