Por Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores. Hace 25 años, nuestra capital fue escenario de uno de los acuerdos políticos más importantes alcanzados por las democracias de nuestro hemisferio. El 11 de setiembre del 2001, los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, reunidos en una sesión especial de su Asamblea General, aprobaron la Carta Democrática Interamericana y consagraron un principio esencial: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La aprobación de la Carta Democrática en Lima se explica por el papel desempeñado por el Perú en su gestación y como reconocimiento a su tradición histórica y a su vocación diplomática para construir consensos. La cancillería peruana lideró la iniciativa, recibiendo el aporte de los demás Estados miembros de la OEA y de diversos sectores de la sociedad civil. El resultado fue mucho más que una propuesta peruana: se convirtió en un compromiso común de las Américas. Ese recorrido conserva una lección plenamente vigente. El aporte del Perú consistió no solamente en promover la iniciativa, sino en contribuir al desarrollo de una capacidad de respuesta colectiva en defensa de la democracia. De ese modo funciona el multilateralismo cuando es eficaz: permite identificar desafíos compartidos y construir, mediante el diálogo y el consenso, principios y mecanismos para encontrar respuestas a dichos desafíos comunes.