Por Paola Bustamante, directora de Hágase Instituto. Hace unos días, en la inauguración de Expomina, la presidenta Keiko Fujimori dijo lo que buena parte del sector empresarial llevaba años esperando escuchar: “el Estado debe dejar de ser una barrera burocrática para el inversionista y nuestros ciudadanos, y convertirse en un facilitador del desarrollo”. Señalando que la minería moderna y responsable debe generar riqueza, pero también confianza entre el Estado, las empresas, los trabajadores y las comunidades. Prometió predictibilidad y “decisiones dentro de plazos razonables”, y anunció un grupo de trabajo entre los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente para destrabar los proyectos más grandes, indicando que hay 67 proyectos mineros por cerca de US$64.000 millones esperando ese destrabe. Cuatro días antes, el 5 de setiembre, el Ejecutivo había aprobado -por Decreto Supremo N.° 127-2026-PCM- la Política General de Gobierno 2026-2031, la hoja de ruta oficial del quinquenio, organizada en cinco ejes: seguridad ciudadana, resiliencia frente a desastres y cambio climático, desarrollo humano, productividad y empleo, y gobernanza democrática. La minería no aparece nombrada como tal, pero vive exactamente en el cruce de dos de esos ejes: la productividad, que promete predictibilidad regulatoria e inversión segura; y la seguridad, que promete recuperar el control territorial frente a las economías ilegales. En ese cruce se juega buena parte de la credibilidad del nuevo gobierno. Empecemos por el trámite. Según cálculos de Apoyo Consultoría difundidos en el propio Expomina, un proyecto minero requería 12 procedimientos administrativos en 2001; hoy requiere 265, repartidos entre cerca de 30 entidades del Estado y regulados por unas 470 normas distintas. Los estudios de impacto ambiental demoran, en promedio, 2,5 veces el plazo legal; sus modificaciones, entre 5 y 6 veces más. Un permiso de uso de agua que debería resolverse en 36 días puede tomar hasta 360. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú plantea una salida sensata y, sobre todo, factible sin pasar por el Congreso; reemplazar la secuencia de permisos uno tras otro por una revisión en paralelo, con una ventanilla única digital donde todas las entidades vean el mismo expediente a la vez, como ya ocurre en Chile, Canadá o Australia. Eso cortaría el plazo de siete a tres años. Su presidente, Juan Carlos Ortiz, lo resumió claramente: no hace falta una reforma legal, hace falta voluntad política. (Edición sábado).