No son menores los casos de corte político en los que se ha involucrado la Defensoría del Pueblo, bajo la actual gestión de Josué Gutiérrez, en sus últimos dos años de funcionamiento. El organismo autónomo, que cumplió treinta años el último viernes 11, asegura “defender y proteger los derechos fundamentales de las personas, con énfasis de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”. Sin embargo, su historial de trabajo no destaca precisamente por ello. La Defensoría tiene entre sus facultades presentar proyectos de ley, “investigar” o “intervenir en procesos constitucionales”, incluso a través de solicitudes de alguna de las partes involucradas. Sin embargo, llaman la atención que en el haber de Gutiérrez haya al menos siete intervenciones, mediante demandas de inconstitucionalidad o solicitudes de amicus curiae –para presentar su opinión sobre algún asunto en particular–, que no están relacionados a población “vulnerable”. La mayoría de estos casos, incluso, mereció la intervención del propio defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ante alguna institución dirimente, ya sea el Tribunal Constitucional (TC) o el Poder Judicial (PJ). (Edición domingo).