Por Carlos Casas Tragodara, economista del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. El malestar con la descentralización es evidente y en buena medida justificado. La ineficiencia, la rotación permanente de funcionarios, la ausencia de un servicio civil y la corrupción han alimentado una corriente de opinión que propone, sin decirlo, recentralizar el país. Comparto el diagnóstico, y parcialmente la conclusión: dar un paso atrás sería renunciar al único arreglo institucional capaz de responder a un país cuya demanda de bienes públicos es profundamente heterogénea. Lo que necesitamos no es menos descentralización, sino una descentralización 2.0. Esto implica quizás dar un paso atrás en algunas competencias para luego descentralizar mejor. En unas elecciones regionales y locales próximas es un tema que no puede dejar de discutirse y muy poca gente la presta atención. El resultado que actualmente observamos es un ejemplo más de una política bien diseñada pero que fue muy mal implementada por diversos gobiernos que no entendieron lo que significaba y la gradualidad del mismo. Allí radica la falla original, pero es con la que debemos trabajar buscando apuntalar el proceso para encauzarlo nuevamente. El reto es bastante grande. Hay que empezar por admitir lo incómodo. Un ejercicio econométrico con datos departamentales para el 2015-2023, sobre el índice multidimensional de la Secretaría de Descentralización, arroja un resultado desalentador: el efecto del proceso sobre los ingresos y el gasto de las personas es nulo o negativo, y sobre los coeficientes de desigualdad es sencillamente nulo. Otros autores arriban a los mismo: una década después del boom de commodities, el canon no produjo mejoras observables en acceso a servicios, pobreza ni desigualdad. Más dinero, sin capacidades ni incentivos adecuados, no se convierte en bienestar.
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