La Defensoría del Pueblo es una de las instituciones fundamentales del Estado y quien la encabeza debe ofrecer garantías de independencia, integridad y compromiso democrático, cualidades que Josué Gutiérrez Cóndor no ha exhibido desde que asumió el cargo. Por el contrario, se han ido acumulando hechos y decisiones que han debilitado la confianza que debería generar quien encabeza ese organismo. Desde su elección, en mayo del 2023, los motivos para cuestionarlo se han acumulado hasta hacer insostenible su permanencia. Las denuncias constitucionales interpuestas en su contra en el Congreso deben, por tanto, ser analizadas con el máximo rigor para determinar, dentro del procedimiento previsto por la Constitución, si corresponde su destitución. Los hechos recientes ratifican el diagnóstico. El Comercio reveló este martes que la defensoría pidió informes al Poder Judicial por una demora en el recurso de Guillermo Bermejo, excongresista condenado a 15 años por afiliación a Sendero Luminoso. Es decir, la entidad encargada de velar por todos los peruanos prioriza sus esfuerzos en la defensa de un sentenciado por terrorismo.